Las 11 “medidas urgentes” del Gobierno para enfrentar la crisis

El paquete de ‘medidas urgentes’ diseñado por el Gobierno para reactivar la economía y darle un poco de aire fresco a las familias españolas, ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno.

Las once medidas, suponen una inyección de 10.000 millones de euros para la economía española este año, y se centran en dos aspectos: en lo social con la protección de trabajadores, empresas y familias ante la desaceleración; y otro económico, de impulso de la actividad por vía presupuestaria.

El plan para recolocar a los desempleados, que tendrá un coste de 201 millones de euros, se centra en reforzar la inserción laboral y foemación profesional, para lo que se contratarán 1.500 «orientadores» que elaborarán itinerarios personalizados de los parados. Además, se dará una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al IPREM.
De los 10.000 millones que el Gobierno prevé inyectar en la economía española, 6.000 millones (equivalentes el 0,9% de la renta disponible de las familias) corresponden a la deducción de 400 euros que se se aplicará a los contribuyentes que perciben rentas del trabajo, asalariados y pensionistas, y a quienes obtengan rendimientos de actividades económicas. Esta medida se aplicará en las nóminas de junio, mes en el que las retenciones serán de 200 euros menos, mientras que el resto, hasta los 400 euros, se prorrateará en los restantes meses del año. En cuanto a los autónomos, los que hagan pagos fraccionados podrán beneficiarse de la deducción a partir de junio y a los demás se les aplicará cuando presenten la declaración del IRPF. El Gobierno calcula que esta deducción aportará dos ó tres décimas al crecimiento del PIB este año, y estima que en el largo plazo puede tener un efecto acumulado de medio punto sobre el incremento de la riqueza nacional.
La tercera medida prevé que las obras en un edificio se consideren rehabilitación cuando su coste supere el 25% de compra, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo, con lo que se amplía el número de obras que se beneficiarán de una fiscalidad más ventajosa, ya que podrán recuperar el IVA soportado, con lo que se estimulará la actividad en la construcción.
Eliminar el gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de este año es la cuarta de las medidas aprobadas y por la que Hacienda dejará de ingresar 1.800 millones.
Ayudar a todas las familias con hipotecas, que elimina los gastos de ampliación del plazo de amortización de las hipotecas y que entrará en vigor en mayo con una vigencia de dos años. En principio, el Ministerio de Economía y Hacienda había anunciado que a esta medida podrían acogerse las familias con especiales dificultades, pero finalmente de ella podrán beneficiarse todas las personas físicas que deseen alargar el plazo de sus créditos hipotecarios. No obstante, el Gobierno no ha ultimado este compromiso con las entidades financieras, que incluye además la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones, así como los registrales y notariales.
Para ayudar a la empresas se ha aprobado la ampliación en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, que pasa de los 1.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado para este año a los 3.000.
Para aumentar la liquidez de las empresas, a partir de 2009, éstas podrán solicitar la devolución del IVA mensualmente, lo que les permitirá cobrar de forma anticipada unos 6.000 millones de euros.
Con el fin de estimular la financiación de la vivienda protegida, se ha ampliado en 2.000 millones la línea de avales del ICO pata la titulización de préstamos hipotecarios destinados a adquirir vivienda protegida, que pasa de los 3.000 millones previstas para 2008 a 5.000 millones.
La novena medida pretende agilizar la obra pública y para ello la Comisión Delegada para Asuntos Económicos analizará trimestralmente el grado de ejecución de la misma y propondrá las medidas necesarias para acelerarla.
Para reforzar la construcción de vivienda protegida se convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el fin cumplir el objetivo de construir 150.000 viviendas protegidas al año y promover la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.
La última medida prevé atraer inversión extranjera, y para ello se mejorará la fiscalidad de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija para no residentes.