Finalmente desde el Gobierno no dieron a lugar a la reclamación conjunta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que había solicitado unos 86.444€ en concepto de indemnización compensando el posible encarecimiento de la factura eléctrica después de la finalización de la tarifa nocturna.
Han considerado que no se encuentran los requisitos que se necesitan para exigir responsabilidades a la Administración. Por lo que, la supresión de la tarifa nocturna al encontrarse dentro de las competencias del Ejecutivo, los usuarios deben de aceptar sus efectos. Además los usuarios decidieron voluntariamente acogerse a la tarifa nocturna.
Por otro lado, han señalado que la OCU no presento documento alguno que acredite el valor real de los daños, no pudiendo comprobar feacientemente lo que reclamaba.
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