Los dos grandes sindicatos nacionales, UGT y CCOO han convocado una manifestación conjuntamente con otras organizaciones sociales contra la reforma Constitucional que han acordado el PSOE y el PP en virtud de la cuál limitarán el límite de endeudamiento de las administraciones públicas.
El objetivo de esta reforma Constitucional es clara, y está relacionada con lograr la calma de los mercados y evitar una nueva debacle en el comienzo del otoño, justo en el momento de las elecciones generales, algo que no convendría a ninguno de los dos partidos con posibilidades reales de gobernar, que son los que han urgido esta reforma.
El resto de partidos, al igual que las fuerzas sindicales, se muestran muy contrarias a esta reforma, no ya tanto por el contenido, que también, sino por las formas, ya que el acuerdo se ha realizado sin contar con el respaldo del resto de fuerzas vivas del país, y se aprobará sin referéndum popular, cuando lo sencillo sería que el mismo 20 de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales se realizara este referéndum.
Por ello, tanto UGT como CCOO no han dudado en convocar esta manifestación la próxima semana, bajo el convencimiento de que una limitación por ley del máximo endeudamiento público provocara un deterioro generalizado del estado del bienestar, ya que las administraciones públicas no podrán realizar políticas anticíclicas en épocas de recesión.
Y es que aunque el último acuerdo alcanzado dota de cierta flexibilidad al modelo, lo cierto es que sigue ofreciendo muchas dudas sobre como resolverá la papeleta cuando la economía se encuentre en dificultades, como está actualmente.
Sin embargo, hay que reconocer que un acuerdo de este tipo era necesario, ya que déficits del 11%, como el que se obtuvo en el año 2009 son claramente insostenibles, independientemente de la situación económica en la que nos encontremos, por lo que era necesario que alguien pusiera veto a este crecimiento sin límite del endeudamiento público.
Por otro lado, otra de las cuestiones que realmente ha molestado a los colectivos sociales de nuestro país es la urgencia con la que se ha realizado el acuerdo, cuando en tantas otras ocasiones ambos partidos mayoritarios han sido incapaces de llegar a acuerdos mucho más sencillos. Ello hace pensar que se trata de un acuerdo más cara a los mercados internacionales, que en defensa de los intereses de España, lo cuál dificulta el reconocer a nuestros políticos como nuestros auténticos representantes.
No deja de ser absurdo por parte de los sindicatos montar movilizaciones, cuando la reforma sólo incluye una referencia a la estabilidad presupuestaria genérica y, además, se aplicará a partir de 2020.