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Reforma de las prejubilaciones

Pasada la reforma laboral y sus nulos resultados, ahora toca hablar de la reforma a las prejubilaciones. Las propuestas parten de la presentación de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Consejo de Ministros al que ha elevado tres informes con el objetivo de reforma de las prejubilaciones, como la eliminación del retiro parcial y que se dificulte acceder a la jubilación anticipada.

Otra de las propuestas es la de compatibilizar la pensión y el empleo. Entre las opiniones está la que la jubilación parcial perjudica mucho el sistema de pensiones. Por lo que se quiere actuar contra dicha modalidad de retiro anticipado lo que tratarán esta vez de reformar el sistema para tapar los agujeros que denuncían y que siguen abiertos.

Lo que consideran como una jubilación previa a los 65 años que si bien tiene una alta aceptación entre las empresas y los trabajadores, representa un alto coste a caja del Estado, le significan unos 2.600 millones de euros.

Características:

-Permite que el trabajador reduzca la jornada de entre el 75% y el 85%
-Se la puede concentrar entre 1 o 2 meses anualmente
-Pueden cobrar entre el 15% y el 25% del saalrio y la otra parte de pensión
-A los 65 años posibilita el acceso a la pensión, sin penalización

El tema de la penalización es algo a tratar ya que la jubilación anticipada por ejemplo sí penaliza. Entre las propuestas a revisar por el Consejo de Ministros están:
-La reforma de la jubilación parcial
-El retiro anticipado
-La compatibilizar el salario y la pensión tras cumplirse la edad de jubilación.

Se establecerán diferentes aspectos a reformar en la jubilación parcial, como el eliminar directamente la jubilación parcial de la ley. Esta sería la solución más dura ya que tratarán de que no se la elimine pero si dificultar su acceso.

En lo que hace a la jubilación anticipada también se endurecería el acceder a este tipo de jubilación, subiendo la cantidad de años cotizados, los que actualmente son 33 años cotizados, cuando en algunos Estados miembros se debe cotizar más de 35 años para jubilarse anticipadamente respecto a la edad legal de jubilación. Una de las soluciones es el elevar los años de cotización y que podría ser de 35 años.

También se plantea al endurecer el acceder a la prejubilación y que no todos puedan acceder al retiro anticipado o hacerlo difícil, se trataría de ajustar la edad de acceso para todas las modalidades a los 63 años; actualmente dicha edad es para jubilarse anticipadamente y voluntaria. Mientras que es de 61 años en caso que el trabajador viene de tras un despido.

Otra de las fórmulas será modificar para hacerlos más duros los coeficientes penalizadores en cuanto a recortar la pensión, desde la edad de retiro en los casos de trabajadores que elijan opten dicha modalidad de jubilación.

También se buscará modificar la norma para poder compatibilizar el salario con la pensión, tras llegar a la edad legal de jubilación. Solamente se puede cobrar una pensión y trabajar pasados los 65 años al colectivo de trabajadores autónomos que ganen por debajo del salario mínimo interprofesional. La modificación permitiría que se vean alcanzados un mayor número de trabajadores.

Conjuntamente se mejoraría el incentivo para que los trabajadores opten por seguir trabajando tras cumplir los 65 años, que de entre un 2% y un 3% más de su pensión cada año que sigan trabajando llegando a los 70 años; algo que puede mejorarse ya que el porcentaje es del 10% de jubilados que eligen seguir trabajando y cobrar este incentivo.

Tras revisar y llegar a decidir un conjunto de medidas, los informes revisados por el Consejo de Ministros deberán elevarse a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, ya que e trata del órgano encargado de estudiar y aplicar las reformas relacionadas con el sistema de pensiones.Antes que nada debe haber acuerdo de los grupos parlamentarios, que conforman la comisión.

Otros recuerdan que, no figura una norma legal que exija que deba ser el Pacto de Toledo el encargado de legislar lo relacionado con las pensiones, por lo que seguramente el Gobierno será el que decida. Para lo que elevaría las modificaciones vía proyecto de ley, dentro del que podrían darse cambios de los grupos parlamentarios mientras se la tramite.

Otro camino sería el de un real decreto acompañado por los cambios, claro que esto deja fuera a la inclusión de propuestas de parte de los lo partidos. Aquí entraría en discisión ya que el aplicar un decreto solo puede ser justificado como carácter de urgencia, lo que no sería el caso.

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