Muchos funcionarios pusieron el grito en el cielo cuando se propuso suprimirles la paga extraordinaria, ahora que se acerca el abono de la de diciembre, su ausencia aumenta el malestar de los empleados públicos, pues en un contexto de recortes salariales y reducción de días libres, su falta les hará más cuesta arriba afrontar las Navidades de este año. Sabemos que el Estado se ha ahorrado con esta medida este año 5.210,1 millones de euros, pero también es importante saber que supone esta supresión para los empleados públicos. ¿Qué van a cobrar en su nómina de diciembre?.
La nómina de un funcionario esta integrada por las retribuciones básicas (sueldo y trienios) y las retribuciones complementarias (complemento de destino y complemento específico). Después de muchos años en los que la paga extraordinaria estaba integrada sólo por las básicas, los empleados públicos habían conseguido que se incluyeran también las complementarias, pasando a cobrar de esta forma, una nómina entera como paga extraordinaria.
Esto fue así, hasta que en diciembre de 2010 comienzan los recortes en el sector público y el gobierno decide aplicar a la paga extraordinaria de los funcionarios, una reducción en las retribuciones básicas, que en el caso de un funcionario del grupo C1 representaba un 13% menos sobre los conceptos de sueldo y trienios. En marzo de 2011 se decide continuar por la senda de los ajustes, y se toman medidas tales como recortar aproximadamente el complemento especifico un 10% en algunas Comunidades Autónomas, como Castilla La Mancha.
Ahora, en diciembre de este año, los funcionarios ya no tendrán que hacer cálculos, pues deberán afrontar estas navidades con el mayor recorte producido hasta el momento, que es la supresión en su totalidad de la paga extraordinaria. Una medida que supone que además de los recortes anteriores, tengan que contar con un 10% menos al mes, si prorratean la extra en meses. Esto supone para un funcionario que venga cobrando 1.400 euros al mes, y que por tanto, en Navidades, recibía 2.800 euros, la renuncia a la mitad de su nómina de diciembre, es decir, 1.400 euros en este caso, y por tanto, no tengan más remedio que suprimir también gastos extraordinarios como regalos, comidas y demás artículos del consumo navideño.
Sin embargo, y a pesar de lo que suele pensarse, la mayoría de los funcionarios asumen este recorte con resignación, pero son conscientes de que estas medidas serían más llevaderas si de alguna forma se hiciera patente esa supresión de los altos cargos que desde la administración no dejan de afirmar se está llevando a cabo. Por todo ello, el malestar entre los funcionarios va en aumento, al sentirse el blanco de todos los recortes.
Yo soy funcionario. Lo primero que debo decir es que, tras muchos años de experiencia profesional en una Comunidad Autónoma, estoy de acuerdo en que se debe racionalizar y hacer más eficaz el funcionamiento de las Administraciones. De hecho, algunas medidas adoptadas con motivo de la crisis deberían ir incluso más allá de lo se ha hecho hasta ahora como son la supresión de liberados sindicales, la eliminación total de la Administración paralela que lo único que ha servido es para huir del Derecho Administrativo y ser coladero de amigos y buenos sueldos; en definitiva la profesionalización de la función pública cuya carencia clamorosa ha hecho, por ejemplo, que un profesor de inglés esté gestionando subvenciones o médicos «pariendo» resoluciones sobre cooperativas laborales. Pero llegados aquí debo recordar que la tasa de empleados públicos en este país está en un nivel muy similar (en algunos casos es inferior) a los países de nuestro entorno. Lo que sí reconozco es que tal vez se deba mejorar su distribución.
Donde sí hay, en cambio, exceso evidente de empleados es en la banca. Un dato, en 2010 había en nuestro país un total de 46.000 sucursales bancarias frente las 39.000 de Alemania (con casi el doble de población y el triple de PIB) o las 19.000 de Gran Bretaña. Eso no sería mayor problema si la crisis bancaria, que conllevará la supresión de miles de puestos de trabajo, la pagaran las propias entidades sino que lo vamos a hacer todos con nuestros impuestos, y llevarán a producir la curiosa situación de que se prejubilarán muchos de ellos con poco más de 50 años mientras que el resto de trabajores lo tendremos que hacer a los 67. Y todo ello con cargo al déficit público que, para poder contenerlo, «obliga» a reducirme mi renta disponible en más de un 20% en dos años ¿de momento? y sin posibilidad alguna de oponerme porque yo no tengo derecho a la negociaciçon colectiva e incluso algçun cuerpo de funcionarios prohibido el derecho de huelga, como las fuerzas de seguridad.
Por último, no sería malo que alguien revisara los sueldos que se han pagado en el sector financiero durante muchos años (en donde un jefe de sucursal de caja de ahorro de pueblo ganaba más que un ministro) y los beneficios sociales que se les estaban abonando por la empresa (hipotecas al euribor menos el 1%, por ejemplo). Y ahora le toca al españolito pagarlo, sobre todo al empleado público que, maldito de él, nos ha metido en este agujero.
¿Donde sobran empleados? ¿Dónde se cobran y han cobrado sueldos estratosféricos? ¿Quién lo va a pagar?. Si esto no influyera en mis ingresos sólo sería una broma pesada.