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España alcanza los estándares europeos de apoyo a la familia

No todo van a ser malas noticias, en cuanto a economía se refiere y, más concretamente, en todo aquello relacionado con el trabajo, la preocupación más importante, actualmente, de los españoles.

El Ministerio de Trabajo ha notificado que, por primera vez, España está en condiciones de cumplir los estándares comparados que garantizan una posición entre los países con un nivel adecuado de prestaciones de ayuda familiar, aunque es preciso seguir avanzando en políticas de apoyo a las familias, según las conclusiones de un estudio realizado por la Subdirección de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

En vista a las conclusiones de este informe, el Gobierno pedirá que se levanten las observaciones que pesan al respecto sobre España en la Carta Social Europea y solicitará la ratificación de la Carta Social Europea revisada.

Las políticas desarrolladas por el Gobierno en materia de actualización y establecimiento de nuevas prestaciones, las medidas de profundización en la conciliación de la vida familiar y profesional, los beneficios fiscales y otro tipo de ayudas -además de las que facilitan las comunidades autónomas- nos sitúan en una posición más favorable en el contexto normativo internacional. El estudio no incluye las ayudas que prestan las corporaciones locales.

En el año 2007 el total de ayudas a las familias en España ascendió a 15.862.492.744 euros. De esta cantidad, 2.024.718.583 euros corresponden a prestaciones de la Seguridad Social; 1.473.890.000, a beneficios fiscales; 2.735.421.054, a medidas de ahorro fiscal, y 9.628.463.116, a otro tipo de ayudas como la renta mínima de inserción, las becas o las ayudas a la vivienda.

El gasto español en materia de protección y apoyo a las familias se sitúa en torno al 11% del salario medio por número de hijos menores de 18 años, esfuerzo que, sin perjuicio de que sea susceptible de mejora, debe dar respuesta a la suficiencia demandada por el Comité encargado de supervisar la Carta Social.

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