La ley seca

La intervención de los Estados en la economía privada no suele tener buenos resultados y siempre rompe el equilibrio en las relaciones económicas entre los particulares.

La situación ideal es que el gobierno no cree nuevas empresas ni adquiera privadas, y mayor es la posibilidad de error cuando interviene con el fin de salvar a alguna que esté a punto de quebrar o que sus números estén en rojo y con tendencia a rojos cada vez más oscuros.

Si lo que desea el Gobierno es que aumente el paro y que algunas empresas que funcionan bien dejen de hacerlo, lo mejor que puede hacer es intervenir con dinero (de sus contribuyentes), rompiendo el equilibrio entre privadas e incrementando la competencia desleal.

El gran problema que ocurre con un Estado metido es el desequilibrio que se puede crear, pero peor aún es cuando se insertan –inevitablemente- los intereses políticos, que muchas veces distan del objetivo principal de una empresa, que es ser rentable.

Como el dinero en juego no es de los políticos que aprueban esas ideas, poco puede interesarles los resultados que se obtengan: puede implicar fuentes laborales, pero a costa del dinero que aportan los contribuyentes si esa empresa no obtiene los resultados esperados.

Lejos de mejorar la economía y el mercado laboral, la intervención del Estado puede llegar a perjudicar a empresas privadas que dan trabajo genuino, provocando simultáneamente desempleo en sectores que funcionaban bien y aumento del déficit por las compañías creadas, rescatadas o subvencionadas. Y de ese modo, habrá que salvar a los nuevos desempleados, interviniendo nuevamente y se crea un círculo vicioso que lleva a resultados poco beneficiosos.

La intervención correcta del Estado debe orientarse a la regulación de la actividad económica, proteger de la explotación a los trabajadores y de los abusos a los consumidores, pero siempre dejando que el mercado se mueva dentro de sus cauces normales.

CCM deja de pagar intereses en sus preferentes

Ya les comentábamos los riesgos que conllevan las participaciones preferentes. Uno de los aspectos que hemos puntualizado es acerca de la posibilidad de no obtener remuneración alguno en caso de no obtener ganancias.

El primer ejemplo se ha plasmado. Se trata de Caja Castilla- La Mancha (CCM) que se transformará en la primera entidad financiera española en al menos 16 años en no pagar intereses por sus preferentes. El motivo, evidente, las pérdidas registradas en sus cuentas.

El folleto de emisión establecía que “el pago de la remuneración de las participaciones preferentes queda condicionado a la existencia de beneficio distribuible”.

Por lo tanto, la caja de ahorros recomprará las participaciones emitidas en 2001 y 2005, pero a un valor nominal, “sustancialmente” superior al de mercado. 

Los pésimos resultados que obtuvo la entidad no permitirán el pago de la remuneración. Los inversores de las preferentes 2001 las iban a recibir el 28 de junio, mientras que el 15 de julio, se iban a materializar los títulos emitidos en 2005. El importe total de estas retribuciones llegaba a unos 205 millones de euros.

La totalidad de las emitidas en 2001 serán amortizadas el próximo 31 de agosto, previa ‘supresión’ de la remuneración prevista para el 28 de junio con un precio que será “el valor nominal de cada participación preferente”. El pago de esta cuantía, añade, “se halla garantizado por CCM”.

Los inversores de las participaciones preferentes de 2005 tampoco obtendrán remuneración alguna, fijada en este caso para el 15 de julio, “dada la inexistencia de beneficio distribuible”.

CCM tiene la intención de amortizar estas preferentes el 15 de abril de 2010, “una vez transcurridos cinco años desde su desembolso”, y “siempre y cuando el Banco de España” autorice la operación, sin embargo, también ofrece la posibilidad de recomprar estas participaciones “durante el periodo comprendido entre entre el 15 de julio de 2009 y el 31 de agosto de 2009″.

El precio de recompra será el “equivalente a su valor nominal, aun cuando el precio de mercado es sustancialmente inferior, en aras a proceder a su inmediata amortización”.

Sistema financiero en riesgo y el destino de la ayuda pública

El estado del sistema financiero español está en serios problemas, según afirmaciones de expertos de la firma Pricewaterhouse Coopers (PWC) que sostienen que se necesitarán invertir de un 2%  hasta un 6% del PBI, que traducido en euros serían de unos 25.000 millones a unos 70.000 millones, para poder recapitalizar el sistema financiero durante el 2009.

Uno de los problemas que afronta el sistema es la creciente tasa de morosidad y que puede llegar a eliminar la provisión genérica acumulada y tener un fuerte golpe en los resultados de este ejercicio. A pesar de ello PWC estima que el sistema financiero de España tiene una mejor capacidad de resistencia que la de otros países.

Para justificar este pensamiento, los expertos se basan en cinco factores:

• mayor peso de la banca minorista en España
• poca exposición de las entidades del país a complejos instrumentos  y a vehículos de titulización fuera de balance
• provisiones anticíclicas hechas durante el período de expansión
• menor grado de apalancamiento con respecto a entidades extranjeras
• fuerte presencia en cantidad de la banca española en sectores económicos de EEUU y la propia Europa.

Existen varios aspectos que inciden negativamente sobre al cartera de crédito de entidades y sobre las cuentas de resultados como el alto impacto de la crisis que ya lleva dos años de duración y el incremento de la tasa de paro en el país.

Según estima PWC la morosidad de las entidades del sector financiero en diciembre de este 2009 puede llegar al 7% y 8%, mientras que en marzo de este año llegó a 4,27% (casi cuatro veces que lo registrado en la misma fecha en 2008).

Se estima que en los años por venir habrá una menor oferta de préstamos a causa de la baja en los índices de endeudamiento a nivel familiar y compañías a un nivel más sostenible, esto hace estimar que hay una sobrecapacidad de un 30%.

Igualmente para PWC el sistema bancario de España tiene un nivel sólido, sin embargo se deben realizar reformas y tomar medidas, que si no se llevan a cabo, pueden incidir si se refleja un crecimiento en el nivel de morosidad.

Distintas posiciones tienen los titulares de las asociaciones de bancos y de cajas. Donde los primeros solicitan que no se les entregue dinero a entidades que no tengan posibilidades reales de salir adelante y las asociaciones de cajas que requieren que se destinen fondos públicos sólo para salvar entidades que realmente están en una crisis profunda.

Las cajas más grandes ganan un 20% menos en el primer trimestre de 2009

El beneficio de la banca mediana cae un 92% en el primer trimestre de 2009

Ya les comentabamos que los cinco bancos más grandes que operan en España han disminuido sus ganancias en el primer trimestre de 2009. La banca mediana obtuvo un beneficio conjunto de 542,2 millones de euros lo que se traduce en una estrepitosa caída del 92,3% respecto al mismo periodo de 2008.

Banesto, Bankinter, Banco de Valencia, Banco Sabadell, Banco Guipuzcoano y Banco Pastor han sufrido en carne propia los estragos de esta crisis a tal punto que han multiplicado casi por tres su tasa de morosidad media hasta llegar al 2,9%.

Si comparamos los resultados de la banca mediana con los bancos más grandes, la diferencia es abrumadora, ya que el quinteto conformado por Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Popular, redujo un 18%, mientras que la quienes le siguen sufrieron una merma del 92%.

Banesto fue la entidad que alcanzó un mayor beneficio en el primer trimestre, con 210,9 millones de euros (-3,1%).

Sabadell ocupó el segundo lugar con un beneficio conjunto de 162,1 millones de euros (-25,4%).

Bankinter ganó un 5,9% menos, tras renunciar a liberar 21,5 millones de euros de provisión genérica que habría podido destinar a compensar las exigencias de dotaciones específicas. Por su parte, Banco Pastor registró la mayor caída del beneficio con 45,1 millones de euros.

Banco de Valencia mantuvo el beneficio (+0,46%) en 39,9 millones de euros, mientras que Banco Guipuzcoano, incrementó un 0,3%, hasta los 14,9 millones de euros.