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España deberá dejar de cobrar el “céntimo sanitario”

El “céntimo sanitario”, impuesto que aplican algunas comunidades autónomas sobre los carburantes, vulnera la legislación comunitaria según la Comisión Europea (CE).

Por ello, el organismo ha emitido un dictamen por el cual ha exigido a España que lo modifique en un periodo máximo de dos meses. En caso contrario, Bruselas, podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).

Sin embargo, y a pesar de que los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados a nivel comunitario y todos los Estados miembros de la unión los aplican, en España, algunas comunidades autónomas añaden uno más, denominado el céntimo sanitario.

¿Cual es la finalidad de este impuesto? Este gravamen tiene su aplicación sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Luego la recaudación del mismo se destina al financiamiento de la sanidad, cuya gestión está transferida por el Estado central a las comunidades autónomas.

Sin embargo para Bruselas no existe una “finalidad específica”, y por lo tanto no cumple las condiciones que exige la legislación comunitaria. Además el Tribunal de Justicia sostiene que el impuesto tiene “una finalidad no presupuestaria”.

Para el organismo, el objetivo principal del impuesto es “fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales”. “De acuerdo con los criterios del TUE, esto no puede considerarse una ‘finalidad específica’ a efectos de lo dispuesto en la directiva”.

Otro motivo de incumplimiento es que el devengo del impuesto no se ajusta al del impuesto especial armonizado, puesto que no tiene lugar en el momento en que los productos dejan el último depósito fiscal sino en una fase posterior, cuando los productos en cuestión se venden al comprador en la gasolinera.

España destina 38,6 % de su PBI al gasto público

El gasto público en España en 2006 equivale al 38,6% del PIB, según las cifras publicadas por Eurostat, solo superado por 6 países de la UE.

De esta manera el gasto público en los Veintisiete se sitúa, de media, en el 46,8% del PIB tras registrar un descenso gradual los últimos años desde el máximo alcanzado en 2003, del 47,5%.

Así, España se encuentra detrás Suecia (56% del PIB), Francia (53%), Hungría y Dinamarca (52%) e Italia (50%). En contrapartida, se sitúan Eslovaquia (37,7% del PIB), Letonia (37,2%), Bulgaria (37,1%), Rumania (35%), Irlanda (34,2%), Lituania (34%) y Estonia (33%).

En cuanto a los ingresos, en 2006, la recaudación del sector público en la UE equivalía al 45,2% del PIB, un porcentaje que en España bajaba al 40,4%, que en este ámbito supera a diez Estados miembros, nueve nuevos socios de la UE y Luxemburgo.

Nuevamente Suecia se encuentra en el tope de ingresos públicos con 58% del PIB, seguido de Dinamarca (56%) y Finlandia (53%). En la parte baja, con arcas públicas de menor recaudación, se ubican Rumania y Lituania (33% del PBI) y Eslovaquia (34%).

Si se reparten las cifras globales por habitante, en España el gasto público asciende a 8.585 euros, frente a los 10.992 euros de la UE.

El gasto público español por habitante es superior al de los doce países que se han unido en los últimos años a la UE, como los de Grecia y Portugal.

Los Estados miembros con mayor gasto público por habitante son Luxemburgo (con 27.927 euros), Dinamarca (20.870 euros) y Suecia (18.725 euros).

España distribuye su gasto público en pensiones, coberturas por discapacidad, enfermedad y desempleo, que en España representa el 36,6% del gasto total y en toda la UE el 41,9%.

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