Informe sobre política comercial exterior en mercados emergentes

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, presentó un Informe sobre la política comercial exterior en mercados emergentes. En dicho informe se explica que la República Popular China – cuyo PIB es el cuarto del mundo – se ha convertido en un mercado de una especial prioridad para España, y, sin embargo, la presencia comercial española en ese país no es tan amplia como debiera en relación a otras regiones.

Las Oficinas Económicas y Comerciales existentes en Pekín y Shangai cubren de forma adecuada los polos de desarrollo surgidos a partir de ambas ciudades, y son áreas que cuentan ya con una importante presencia extranjera y española. Pero existen en China otros polos de desarrollo de muy marcada relevancia que es preciso cubrir, entre los que sobresale Cantón.

Por ello, y para reforzar la presencia institucional española en esta zona, una de las de mayor auge económico de China, puesto que es la primera provincia productora, importadora y exportadora del país, acumula el 11% del PIB chino y recibe el 22% de las inversiones extranjeras en China, se ha dispuesto la aprobación del Real Decreto por el que se crea la Oficina Económica y Comercial en Cantón, dentro de la Misión Diplomática Permanente de España en la República Popular China.

El objetivo en esta legislatura es conseguir que 1 de cada 3 euros exportados vaya fuera de la UE. Para lograrlo el Ministerio tendrá los siguientes instrumentos

- Mantener los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados a los 11 países actuales, dados los excelente resultados obtenidos

- Nuevo Plan dirigido a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (“Plan Emiratos”)

- Reforzar el Plan China con nuevas acciones (“Plan China”).

Para aumentar la diversificación geográfica del comercio exterior español, en 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha los denominados Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM), dirigidos a los once países siguientes: EEUU, México, Brasil, Marruecos, Argelia, Turquía, Rusia, India, China, Japón y Corea.

El Gobierno va a impulsar el desarrollo de empresas de servicios energéticos

Durante su intervención en la apertura de las jornadas “Presente y Futuro de la Energía a Debate”, celebradas en Paterna (Valencia) y organizadas por UGT del País Valenciano, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunciñoo que el Gobierno va a impulsar el desarrollo de empresas de servicios energéticos por considerar que son una herramienta muy útil para crear empleo.

En opinión de Sebastián, buena parte del tejido empresarial inmobiliario, por ejemplo, se puede reconvertir en este tipo de empresas, lo que sería muy provechoso en la actual coyuntura de dificultades para este sector. El impulso gubernamental a este tipo de empresas se concretaría en la difusión de sus ventajas, en garantizar su seguridad jurídica, y en ofrecerles facilidades para su financiación y promoción de su contratación por parte de la Administración General del Estado.

Para el Gobierno, la condición de las empresas de servicios energéticos son fuente de creación de empleo en cuanto comiencen a desarrollarse. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que en 2008 las empresas de servicios energéticos van a generar una actividad de alrededor de 6.000 millones de dólares, dando empleo a aproximadamente 60.000 personas. Y lo más importante, es que tienen un enorme potencial para incrementar estas cifras, ya que en los últimos 3 años vienen creciendo a ritmos superiores al 20% y se espera que continúe la tendencia.

Compra de suelo: ¿Es la solución que ofrece el Estado?

A lo largo de la crisis que soporta España, con índices de intranquilidad en aumento por el parón en la construcción, el impacto inmobiliario y el endurecimiento del sector financiero a la hora de otorgar préstamos hipotecarios, el sector público ha salido al cruce, y ha intervenido en dos cuestiones, por lo menos, algo polémicas.

Por un lado, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado días atrás la intención del Gobierno de Rodríguez Zapatero de invertir 300 millones de euros en la compra de suelo privado, con el fin de edificar pisos protegidos.

De esta maera, el programa estatal tendrá una vigencia de cuatro años, mediante la participación de la entidad pública de suelo SEPES. 

Sin embargo, antes, el Gobierno deberá consensuar con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los espacios que se adquirirán para luego edificar viviendas.

Esta iniciativa deja a las claras que frente a una crisis como hace tiempo no vivíamos, ha necesitado la intervención del Estado en ciertos aspectos tan sensibles como la compra de suelo privado para la construcción de viviendas.

Frente a la situación que soporta Martinsa-Fadesa, la ministra tuvo que negar una suerte de especulación que giraba frente al rol del Estado y los promotores privados.

La funcionaria desmintió que la compra de suelo privado tenga como objetivo ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y recalcó que con esta medida se intenta avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

Esta decisión del Ejecutivo, tuvo también el apoyo del Ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien no se ha callado y ha expresado que es un “buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público”.

Ahora, la Comunidad de Madrid está decidida a lanzar un plan este año que sacará al mercado unas 25.000 viviendas libres construidas en la región.

La medida ha sido defendida con el argumento de que tendrá precios máximos de venta de entre 200.000 y 320.000 euros, es decir con una rebaja del 20% respecto a los precios de hoy en zonas como los municipios de Madrid, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. .

A partir de este convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y las entidades financieras, los pisos de nueva construcción (de hasta 100 metros cuadrados) que no hayan sido vendidos podrán salir al mercado como Viviendas Libres de Precio Concertado.

Además se ha informado que las personas que tengan dificultades para acceder a la adquisición de las propiedades, tendrán la opción del alquiler con opción de compra a los tres años y con una renta mensual máxima de entre 750 y 1.200 euros. 

Energía: 31 medidas, un gasto de 245 millones de euros y ¿un ahorro de 4.140 millones?

La energía se está convirtiendo en la estrella indiscutible de 2008 con el petróleo, el cambio de la tarifa eléctrica y la subida de los precios de los alimentos (vía biocombustibles) como principales protagonistas. Ahora, vuelve a tomar fuerza con la presentación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 presentado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

En plena crisis y con el precio del petróleo por las nubes el Gobierno quiere que los ciudadanos y las compañías consuman de manera más eficiente. El plan se compone de 31 medidas que tendrán un coste aproximado de 245 millones de euros pero que desembocarán en un ahorro total de 4.140 millones de euros. En concreto, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) estima que en 2011 se ahorrarán ente las 5,8 y las 6,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo, o lo que es lo mismo, el equivalente a un ahorro de entre 42,5 y 47 millones de barriles de petróleo. Claro que el propio organismo dispondrá de 120 millones de euros para el apoyo de proyectos estratégicos y no 60 millones como estaba previsto anteriormente.

Entre las medidas más llamativas anunciadas por Sebastián destaca de reducir el límite de velocidad en el acceso a las ciudades. En concreto, espera limitar en un 20% de media la velocidad máxima en estas carreteras de acceso y circunvalación, así como en las vías de gran capacidad. Esta decisión servirá para ahorrar combustible y se enmarca dentro de un plan más ambicioso: introducir los vehículos eléctricos en nuestro país hasta alcanzar un millón de coches híbridos (gasolina y electricidad). El Plan VIVE, una especie de continuación del Prever, debería jubilar cerca de 240.000 vehículos con más de 15 años de antigüedad y renovar así el parqué nacional con coches más eficientes.

Las flotas de vehículos públicos también cambiarán y deberán utilizar un mínimo del 20% de biocarburantes hasta 2011, un porcentaje que en el 2012 debería ser ya del 38%. Además, para este tipo de carburantes se asegurará el cumplimiento del objetivo del 5,83% de consumo de combustibles para automoción en 2010.

Como no podía ser de otra forma, entre las medidas también hay un paquete encaminado a fomentar el uso del transporte público con acciones tan peregrinas como garantizar la cobertura telefónica en la red de metro. Y es que desde el Ministerio creen que si los ciudadanos pueden hablar por teléfono utilizarán más este medio. Por suerte hay otras más ‘serias’: extensión de apertura del metro, implantación de sistemas de bicicletas de uso público, planes de movilidad para empresas con más de 100 trabajadores y ayudas para mejorar los sistemas de transporte público.

En el sector eléctrico también se ‘moverá’ para paliar las subidas de la nueva tarifa eléctrica. Como el ministro asegura que se ha terminado la era de la energía barata, tratará de fomentar hábitos más baratos entre las familias. Para lograrlo, el primer paso será repartir gratuitamente una bombilla de bajo consumo por cada hogar en 2009 y otra en 2010. Además, también reglará seis millones de bombillas de bajo consumo, mediante un programa 2×1 para la sustitución voluntaria de las bombillas incandescentes. Por muy ‘graciosa’ que pueda parecer esta medida su coste será de 105 millones de euros.

Adicionalmente, la administración moderará en un 10% su consumo eléctrico y se mejorará la eficiencia de los sistemas de alumbrado. Además, se limitará la temperatura interior de los edificios no residenciales (no menos de 26º en verano y no más de 21º en invierno) y se financiarán las inversiones que promuevan el ahorro energético en las instalaciones.

El mayor problema con el que se va a encontrar Sebastián es que buena parte de las medidas no dependen directamente del Gobierno, sino de las Comunidades Autónomas. A esto hay que añadir que acciones como limitar la velocidad nunca son bien recibidas y que lo que el ciudadano ahorra en gasto energético lo perderá en multas de tráfico. Por otra parte, en un momento de crisis económica es demasiado optimista pensar que sólo por el Plan VIVE y el ahorro energético se vayan a vender más coches híbridos o de menor consumo.

Nuevas caras en el Gobierno y viejas disputas

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido mostrar su determinación para que España no acuse en exceso la desaceleración económica de la que él mismo habla y para la que ya cuenta con un plan de 10.000 millones de euros. Al margen de esta medida, que será aprobada el próximo viernes, el nuevo Ejecutivo se ha reforzado desde el punto de vista económico con las incorporaciones de Miguel Sebastián como ministro de Industria, Comercio y Turismo, y de Cristina Garmendia como titular de la recién creada cartera de Innovación. Sin embargo, el nombramiento de Sebastián no ha tardado en levantar las primeras discrepancias.

La emergente figura del exdirector de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y candidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha obligado a Pedro Solbes a reafirmar su figura en el ejecutivo. El ministro de Economía afirmó desde Washington, donde se estuvo el fin de semana con motivo de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que “el presidente del gobierno soy yo” al tiempo que marco parte de su territorio: “me corresponde tomar las decisiones de política económica, a mí me corresponde firmar los proyectos de ley y a mí me corresponde tomar las grandes decisiones de política económica. Es lo que he estado haciendo durante cuatro años y es lo que seguiré haciendo como en el pasado”.

Solbes reconoció sus discrepancias en el pasado con Sebastián, aunque comentó que se trata de algo normal que se produce en el seno de cualquier Gobierno. Ahora desde Moncloa se están apresurando a definir concretamente las áreas de trabajo de cada uno ara evitar futuros choques. El vicepresidente parece tenerlo claro porque “el papel cono asesor de la Oficina Económica no tiene nada que ver con la clara definición de funciones de Industria”. En cualquier caso, parece que energía ha sido el área que mayores quebraderos de cabeza ha dado en la delimitación de funciones, aunque el vicepresidente ha asegurado que él nunca pidió competencias en esta área. “Bastantes cosas tengo que hacer como para meterme también en los temas de energía, que requieren una cantidad de tiempo y un esfuerzo excepcional”, precisó.

El nuevo ejecutivo también deberá definir las tareas del recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación, que, entre otras, tomará parte de las competencias en el ámbito de las universidades que hasta ahora recaían sobre Educación.