Techo del gasto Presupuestos Generales del Estado de 2012

De cara al gasto público de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, el Gobierno ha decidido cual será el techo del gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2012, reduciéndolo en un 3,8%, siendo más bajo que el de 2011.

Con esto el límite de gasto en 2012 tendrá un significativo recorte con el de este año que corre, una reducción del gasto del 3,8%. Quedando el techo presupuestario en 117.333 millones de euros, cuando en este 2011 se había establecido en 122.256 millones de euros.

Aunque la verdadera reducción en lo que a términos reales se refiere alcanza el 7,6%, al basarse en el crecimiento del PIB, que se estima que llegue al 3,8%.

El único objetivo podría decirse que es el de cumplir con reducir el alto déficit que de antemano había comprometido con el Consejo Europeo.

A nivel general para el Estado en 2012 es del 4,4%, y distribuyéndolo por niveles, y por objetivos de déficit para las comunidades autónomas será del 1,3% para estas y del 0,3% para entidades locales.

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Presupuestos Generales del Estado 2011

Finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Según publica ha informado el Ministerio de Economía y Hacienda, para lograr la consolidación fiscal, el Estado cerrará el ejercicio de 2011 con un déficit del 2,3% del PIB, permitiendo cumplir, con la contribución de las Administraciones territoriales y la Seguridad Social, de llegar al objetivo propuesto de un déficit público del 6% del PIB que marca el Programa de Estabilidad para 2011.

Para cumplir ello, el Gobierno se ha propuesto llevar a cobo una serie de medidas para reducir el gasto en los presupuestos para 2011.

En primer lugar buscará reducir el gasto no financiero del Estado del 7,9% respecto al de 2010, sin contabilizar el importe de la financiación de las administraciones territoriales, cuya cuantía está condicionada por la plena entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica.

El Estado realizará una serie de recortes en sus gastos (Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado 2011-2013) como la congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público (rebaja 5% que se aplica desde junio 2010).

También se aplicará una reducción de la oferta de empleo público, a través de la aplicación de una tasa de reposición del 10% sobre las vacantes generadas en la Administración.

Estas medidas se enmarcan en un plan para la reducción de un 6,7% en los gastos de funcionamiento del Estado (excluidos los gastos para procesos electorales) como también de un recorte del 6% en los departamentos ministeriales.

Sin embargo, una de las medidas más controvertidas es la subida del IRPF para los contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 120.000 euros. Estas pasarán de tributar al 21,5% al 22,5%, mientras que los que acrediten bases que superen los 175.000 euros lo harán al 23,5%.

También en el Impuesto sobre la Renta, se modifica la tributación de las retribuciones plurianuales, estableciéndose un límite máximo de rendimientos de 300.000 euros para poder beneficiarse de la reducción del 40%; y se aprueba gravar determinadas percepciones de los socios de las SICAV para evitar el diferimiento en la tributación.

El proyecto también incluye la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes con bases imponibles iguales o superiores a 24.170,20 euros, así como la equiparación del tratamiento de este beneficio fiscal con la deducción por alquiler de vivienda.

También se incrementa del 50% al 60% la reducción del rendimiento neto por arrendamiento de vivienda, y se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de aplicar la reducción del 100%.

Otra de las modificaciones se producirá en el Impuesto de Sociedades. Este tributo se reforma para permitir que las entidades de reducida dimensión que pierdan tal condición puedan seguir aplicándose el régimen especial para este tipo de empresas durante los tres ejercicios siguientes.

Por lo tanto, para estas entidades, las operaciones societarias y las ampliaciones de capital que se realicen en 2011 y 2012 quedarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que las pensiones mínimas subirán en 2011 una media del 1%, ya que estas prestaciones no están afectadas por la congelación aprobada por el Gobierno para el año que viene.

Cortinas de humo: La rebelión llega al IVA

Me pregunto, ¿cuándo la clase política se pondrá los pantalones largos en esta crisis? Populares y Socialistas no hacen más que boicotearse de forma cruzada mientras, en el medio, están millones de españoles como rehenes, y por sobre todas las cuestiones, más de cuatro millones de parados.

Las posiciones parecen irreconciliables, unos miran a la derecha, y otros a la izquierda, pero ¿de quién?. Desde mi punto de vista, no lo hacen en uno u otro sentido, sino que le dan la espalda a la ciudadanía que les ha votado.

Mientras trabajadores, desempleados, estudiantes, autónomos, empresarios, trabajadores, etc. están pidiendo a gritos que se les escuche y comprenda, mientras los dos partidos políticos mayoritarios están inmersos en la idiotez. Y al margen de las ideas políticas con las que cada uno comulgue, parece vergonzosa la baja calidad de debate y la búsqueda de soluciones comunes, está cada vez más lejos.

Ahora, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que su partido emprenderá una “campaña de rebelión” contra la subida del IVA que plantea el Gobierno de Zapatero, con mesas para firmar, charlas informativas en distritos y municipios y actos sobre este tema.

¿Una rebelión en 2010 cuando el país está inmerso en una crisis, y mientras otros estados de la UE están empezando a salir a flote? Me pregunto si es tan difícil copiar de los otros las cosas buenas, y dejar de lado las malas.

En rueda de prensa Aguirre sostuvo que uno de los problemas “más graves” que tiene la economía es que los autónomos y los pequeños y medianos empresarios “no pueden hacer frente a sus pagos porque ellos no reciben el pago por los servicios que han prestado y por lo que se les debe”.

Además afirmó que el Gobierno central debe cumplir la proposición aprobada por el Congreso de los Diputados en la que se dice que el IVA debe pagarse con el criterio de caja y no de devengo. “No se le puede exigir a nadie y menos a un autónomo o empresario que pague este impuesto de una factura que no ha cobrado y mucho menos si quien el que debe es una Administración Pública”, y agregó que “no se puede arruinar a autónomo, menos cuando las administraciones le deben el doble de esa cantidad”.

La subida del IVA es un tema no menor para la economía española, ya que impacta de lleno en la recaudación impositiva y en los precios, por lo que merece otro tipo de tratamiento, algo más serio que una “rebelión”. Ambas partes, deben analizar soluciones junto a especialistas (y los hay) todas las variables.

La subida del IVA del 16% al 18% lo sufrirán todos los sectores, aunque ese incremento no nos debe desviar del punto central, que radica en encontrar los caminos ideales para financiar el gasto público, de forma ordenada, y que esa situación, no afecte a los ciudadanos, porque en ese caso, estaremos construyendo castillos de arena cerca del mar.

Plan de Estabilidad 2009-2013 del Gobierno

Hace unos días el Gobierno ha enviado la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 a la Comisión Europea, en donde figura el balance del último año de la crisis, además de las previsiones a futuro y de señalar cual será la estrategia de salida fiscal.

Desde 2009 la economía española, se encuentra sufriendo la recesión más profunda de su reciente historia. El siguiente es el desglose que se hace en el informe:

El Gobierno estima que hasta 2012 dos tipos de escenarios con el euro a 1,48 dólares y el precio del barril de crudo Brent en 80 dólares, esto es casi 20 más que en 2009.

El escenario central, prevé una caída del PIB del 0,3% en 2010 y crecimientos del 1,8% en 2011 y 2,9% en 2012. Mientras que el déficit público del 9,8% del PIB este año pasaría al 5,3% en 2012, respecto a la deuda pública, esta aumentaría del 65,9% al 74,3% del PIB en 2 años.

Estima que para el peor escenario, una mayor tasa de ahorro y, lo que generaría un menor crecimiento, además de una caída del PIB que sería del 0,8% en 2010 y el crecimiento en 2012 sería del 2,4%. El déficit se ubicaría el 10% este año y en el 5,8% en 2012; a todo esto la deuda pública aumentaría el 75,8% dentro de 2 años.

También se planteaba, retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años -esto es 1 punto del PIB por año-, además de ampliar la base de cálculo de las pensiones –llegando a ser de 2 décimas por año- reducirá el gasto en un 4% del PIB desde 2030. Para dicho caso, la base de cálculo de las pensiones se tendría que ampliar de 15 a 25 años.

El Ejecutivo, se plantea ampliar la edad de jubilación gradualmente desde 2013. De esta manera aumentaría en 2 meses cada año hasta sumar 67 años en 2024 (65 años más 24 meses).

Mientras que el sueldo de los empleados públicos en España ha subido entre 2000 y 2008 una media del 5,1% respecto al 3,2% en el resto de países de la Unión Europea, esto significaría un 40% más.

Así mismo, desde el Gobierno señala que dentro de su plan de austeridad para 2011-2013 puede llegar a un ahorro del gasto público de 1,9 puntos porcentuales del PIB en la remuneración de los asalariados públicos –lo que equivale a un recorte del 4% en términos nominales respecto al nivel de 2009-.

A todo esto, antes del 1 de Mayo de 2010 el Gobierno aprobará un Plan de Reestructuración del Gasto Público para una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado.

Por lo que el objetivo planteado y a cumplir los Pactos de Estabilidad europeos en 2013: Llegar a una reducción del déficit de las administraciones públicas, del 11,4% del PIB en 2009, a menos del 3% ante la fecha límite establecida por Bruselas.

El Ejecutivo ya ha presentado a Bruselas el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013 para el Estado central, y las diversas propuestas de Acuerdos Marco sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En tanto la formación bruta de capital fijo, la inversión pública, llegará a reducir su peso en 0,9 puntos porcentuales del PIB –excluyendo la reversión de los fondos extraordinarios-, lo que significaría un fuerte retroceso del 14% frente al nivel de 2009.

Por el lado de las inversiones en infraestructuras, no se verán tan afectadas, más allá de resentirse, según estima el Gobierno, señalando que desde los 90´ sumaban un 3,5% del PIB anual respecto al 2,4% del conjunto de la Unión Europea.

Respecto al ámbito laboral, se estima una estabilidad de precios, en el nivel de la tasa de paro y una reducción de despidos, generarán que el aumento de la remuneración por asalariado vea reducirse de manera importante. Por lo que esto y un crecimiento en la demanda posibilitarán que, a fines de 2010, de inicio al crecimiento y creación del empleo, y desde 2011, se podría comenzar a reabsorber el desempleo creado en medio de la recesión, lo que llegaría a ubicar la tasa de paro en un 15,5% para 2013.

El propio Gobierno, hace saber que el conjunto de medidas anticrisis puestas en marcha generó un impacto en la actividad del 1,5% del PIB, sumándose 6 décimas de los estabilizadores automáticos.

Mientras que, la mayor aportación ha sido de parte del Fondo Estatal de Inversión Local (0,7%), la ya suprimida este año, deducción 400€ en el impuesto sobre la renta (0,4%), el Fondo de Estímulo de la Economía y el Empleo (0,1%) y las Medidas tributarias de apoyo a la liquidez, como las devoluciones del IVA, además del anticipo deducción por vivienda en el Impuesto sobre la Renta (0,3%).

Desde el Ejecutivo, estiman que las empresas llegarán a ahorrar 750 millones de euros a partir del recorte de 60 a 30 días del retraso en el pago de las Administraciones Públicas a las empresas que se ha aprobado.

Respecto a los pagos entre empresas, el ahorro que se generará llegaría a 1.700 millones de euros debido a la reducción en el periodo medio de pago de 124 a 60 días.

Uno de los objetivos del Gobierno, es que la inversión en I+D+i sea el 3% del PIB en 2020, lo que podría lograr un impacto positivo, debido a que significaría llegar a doblar su peso actual de 1,4% en 2008.