Repsol, Cepsa y BP multadas por fijar precios en carburantes

El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado por un total de 7,9 millones de euros a Repsol, Cepsa y BP por fijar precios en los carburantes.

Competencia ha considerado que en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes llevan a cabo ciertas prácticas comerciales que equivalen a fijarles indirectamente los precios de venta al público.

Esta actuación, prohibida por las normas de defensa de la competencia llevará a pagar a las tres compañías la suma de casi 8 millones de euros que se repartirán, Repsol con cinco millones de euros, a Cepsa con 1,8 millones de euros y a BP con un 1,1 millones de euros.

Sin embargo la medida no ha quedado allí ya que las empresas han sido intimadas a que eliminen toda cláusula contractual, que tengan por efecto dicha fijación indirecta de precios, y las ha obligado a abstenerse de realizar en el futuro las prácticas sancionadas y les obliga a publicar la parte dispositiva de la resolución en el plazo de dos meses.

Según un comunicado de la CNC, “en virtud de dichas prácticas, los precios máximos y precios recomendados comunicados por el operador se convierten en precios fijos, eliminando la libertad del distribuidor minorista para fijar el precio de venta al público del carburante en su estación de servicio”.

El informe hace incaié en relación que vincula a estas operadoras con los comisionistas y revendedores. El informe concluye que la forma en que los operadores petrolíferos fijan el precio al que las estaciones de servicio les compran el combustible y la forma en la que establecen las comisiones que éstos perciben como contraprestación de sus servicios, junto con otros factores de su relación comercial, elimina los incentivos de las estaciones de servicio para realizar descuentos y, por tanto, competir vía precios.

AT&T y Verizon bajo sospecha de monopolio

Es así que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, abrió una investigación de forma preliminar, para investigar a las mayores operadoras de telecomunicaciones de Estados Unidos, entre las cuales se encuentran AT&T y Verizon. La causa iniciada intenta averiguar si han hecho un abuso del poder de mercado, aunque por ahora no es una investigación formal.

La investigación tiene como fin averiguar si las grandes operadoras frenan a las más pequeñas por medio de firmas de contratos de exclusividad con los fabricantes de teléfonos móviles más populares, tal como pasó con los pactos hechos por AT&T con Apple.

También esta bajo investigación el hecho de que las telecos restringen los servicios que otras operadoras pequeñas ofrecen en sus redes.

Tanto AT&T y Verizon son las operadoras dominantes en Estados Unidos, contando con las redes más grandes y tienen una gran influencia sobre los fabricantes de móviles. Entre las dos llegan a controlar unos 90 millones de usuarios de telefonía fija y un 60 % de los 270 millones de usuarios en móviles.

El Gobierno actual ha manifestado que tiene como interés el acabar con estas presuntas prácticas monopólicas y de competencia desleal.

Cada tanto nos encontramos con noticias sobre éstas, pareciera que un día alguien se despertó vio lo que sucedía a su alrededor, cuando los demás ya se habían dado cuenta mucho antes. Sabemos que no siempre se llega a buen puerto, a veces pueden más los poderes económicos y los manejos políticos que la lealtad comercial.

¿En que consiste el nuevo modelo de financiación autonómica?

A pesar de que el nuevo modelo de financiación autonómica ha sido aprobado, el Parlamento deberá refrendarlo antes de que las comunidades lo ratifiquen en sus comisiones mixtas con el Gobierno.

Sin embargo, todos se han detenido en el debate político pero no conocer a ciencia cierta ¿En que consiste el nuevo modelo de financiación autonómica?

En primer lugar es fundamental decir que la financiación autonómica es la forma que tiene el Gobierno central de financiar los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas (educación, sanidad y etc, que han sido transferidas hace años).

Sin embargo, dos puntos han sido claves para reformar este modelo. En primer lugar, la necesidad de dotar de mayores recursos para prestar mejores servicios a las CC.AA. debido al incremento de población. En segundo lugar, para dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad.

Esta modificación afecta a las quince comunidades autónomas de régimen común, a excepción del País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema propio, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Para ello, el Gobierno destinará 11.000 millones de euros adicionales al sistema y se distribuirá en cuatro fondos:

El primero, destinado a la prestación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Supone el 80% del sistema y se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% por el Estado. Es decir que de cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos se destinarán a garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25%restante.

Otro, se debe a la Suficiencia Global. Sufragado en su totalidad por el Estado y que pretende asegurar el mantenimiento del “statu quo” de las comunidades financiando las otras competencias que tienen transferidas. La iniciativa prevé un Fondo de Competitividad que se calculará anualmente.

El cuarto fondo es el de Cooperación, que se distribuirá entre las comunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población.

Los fondos se distribuirán por:

• el número de habitantes, que pondera el 30%
• la población protegida (gasto sanitario), dividida en siete grupos de edad, pondera el 38%
• la escolar el 20,5%
• el envejecimiento pondera un 8,5%
• la superficie, un 1,8%
• la dispersión un 0,6%
• la insularidad el 0,6%

Para dar respuesta a las peticiones de las comunidades, en esta ocasión se tendrá en cuenta la densidad, la superficie y el bilingüismo.

Además, el nuevo modelo prevé ceder el 50% del IRPF y del IVA (en la actualidad 33% y 35%), y el 58% (actual 40%) de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el 100% de los impuestos de electricidad y matriculaciones. Les da también a las comunidades una mayor capacidad normativa.

Fuente: eleconomista.es

La ley seca

La intervención de los Estados en la economía privada no suele tener buenos resultados y siempre rompe el equilibrio en las relaciones económicas entre los particulares.

La situación ideal es que el gobierno no cree nuevas empresas ni adquiera privadas, y mayor es la posibilidad de error cuando interviene con el fin de salvar a alguna que esté a punto de quebrar o que sus números estén en rojo y con tendencia a rojos cada vez más oscuros.

Si lo que desea el Gobierno es que aumente el paro y que algunas empresas que funcionan bien dejen de hacerlo, lo mejor que puede hacer es intervenir con dinero (de sus contribuyentes), rompiendo el equilibrio entre privadas e incrementando la competencia desleal.

El gran problema que ocurre con un Estado metido es el desequilibrio que se puede crear, pero peor aún es cuando se insertan –inevitablemente- los intereses políticos, que muchas veces distan del objetivo principal de una empresa, que es ser rentable.

Como el dinero en juego no es de los políticos que aprueban esas ideas, poco puede interesarles los resultados que se obtengan: puede implicar fuentes laborales, pero a costa del dinero que aportan los contribuyentes si esa empresa no obtiene los resultados esperados.

Lejos de mejorar la economía y el mercado laboral, la intervención del Estado puede llegar a perjudicar a empresas privadas que dan trabajo genuino, provocando simultáneamente desempleo en sectores que funcionaban bien y aumento del déficit por las compañías creadas, rescatadas o subvencionadas. Y de ese modo, habrá que salvar a los nuevos desempleados, interviniendo nuevamente y se crea un círculo vicioso que lleva a resultados poco beneficiosos.

La intervención correcta del Estado debe orientarse a la regulación de la actividad económica, proteger de la explotación a los trabajadores y de los abusos a los consumidores, pero siempre dejando que el mercado se mueva dentro de sus cauces normales.

Microsoft, declarado culpable en Corea del Sur

La justicia de Corea del Sur dictaminó la culpabilidad de Microsoft por ir en contra de las leyes de competencia al incluir el sistema de mensajería instantánea  y otras aplicaciones en su sistema operativo. Sin embargo, no sancionará económicamente a la compañía.

Así mismo el juzgado desestimó la demanda que entablaron dos empresas surcoreanas que querían una compensación por un total de 17 millones de euros por daños financieros.

La sentencia declara que “La política de ventas de Microsoft rompió las reglas de la justa competencia al empaquetar programas relacionados y hacer abuso de la posición de domino que posee en el mercado”.

El mismo juzgado desestimó el pedido de compensación que pedían las dos empresas surcoreanas (Digito.com / Sanview Technology) por falta de pruebas “estas dos empresas fueron desplazadas del mercado debido a su falta de competitividad en cuanto a los precios o al fallar sus negocios exteriores, no existiendo pruebas de que sus daños se deban a Microsoft”.

Por declaraciones de un portavoz del tribunal de Seúl que se encargó del caso, este es el primer proceso judicial que reconoce una violación de las leyes de competencia tras la denuncias de las dos empresas privadas.

Ya en el 2006 Microsoft fue multada por el supervisor financiero de Corea del Sur por un monto de 19 millones de euros, además de pedirle a Microsoft que ofreciera el MSN Messenger y el Windows Media Player por separado de su sistema operativo Windows. No es la primera multa que sufre Microsoft, en el 2007 la Unión Europea (EU) y se vio obligada a pagar unos 690 millones de dólares por violación de las leyes de la competencia.