La Unión Europea avanza contra el fraude fiscal, en diferentes frentes y fórmulas, como es el intercambio de informacion automático y universal lo que permtirá a la UE ajustar la ingeniería fiscal de las multinacionales y vigilarlas de cerca. Entre unas de las novedades está la de que Luxemburgo no aplicará más desde 2015 el secreto bancario lo que abrirá posibilidades de mayor control y se supone reduciría ciertas prácticas. Para fines de 2013 se conocerá la nueva directiva para la fiscalidad del ahorro en los países miembros.
Esto es parte de lo que encierra el acuerdo entre los 27 Gobiernos de la UE durante la Cumbre en Bruselas, que permitirá tramitar las directivas que permitirán:
-Armonizar la fiscalidad del ahorro
-Frenar y reducir el fraude en el IVA
-Impedir que las multinacionales lleven adelante lo que definen como “planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios” a jurisdicciones de la UE que son más laxas en materia fiscal.
Por lo que la UE pone en el centro de la lupa fiscal a las principales compañías que no tributan todo lo que pueden en impuestos, cuando registran altos beneficios por la inversión del Estado en sectores como la infraestructura, educación y formación. Se completará con una profunda revisión de la directiva en lo relacionado a las matrices y filiales de los grandes grupos, para frenar el trasvase de beneficios dentro de la misma multinacional, debido a que se trata de evasión y elusión fiscal, perjudicando a las arcas de los Estados dejando de recaudar 1 billón de euros cada año y con lo mucho que podrían solventar en sus economías evitando medidas de ajustes.
Un ejemplo es el Gobierno de España que llega a perder 72.000 millones de euros anuales, el 7% del PIB español. Por lo que al Gobierno de Rajoy le urge ajustar las medidas de la lucha contra el fraude fiscal, y seguirá al pie de la letra las nuevas iniciativas de la UE contra el fraude y detectar cada año a más evasores fiscales.
Habrá un intercambio de información automático y universal entre las haciendas públicas de los Estados, para ello la Comisión Europea debe aprobar un proyecto de directiva de cooperación administrativa, alcanzando a los diferentes tipos de renta o tipos de contribuyentes.
