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Jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes

Siete magistrados han redactado un informe para el Consejo General del Poder Judicial en el que denuncian los abusos cometidos en el sistema legal de desahucios y en el que se critica la mala praxis de las entidades bancarias.

En dicho informe, encargado por el propio Consejo General del Poder Judicial, se hace mención a los abusos que comenten las entidades bancarias bajo el amparo que les otorga el actual marco legal de desahucios en España, y se recuerda al mismo tiempo que el sistema de cobro de creditos hipotecarios en nuestro país está totalmente obsoleto, al tener su origen en el año 1909.

Las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años

El informe refleja que sólo en el presente año 2012, las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 220,6% respecto al año anterior, y además estas ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado solo en los últimos cuatro años.  Concretamente, desde el año 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España, procedimientos que encierran un verdadero drama y que conllevan la exclusión social de familias enteras.

Son necesarias soluciones excepcionales

Tras realizar un análisis de la situación actual, los siete jueces llegan a la conclusiçón de que es necesario un debate muy serio sobre el tema, exigiendo soluciones excepcionales ante la situación excepcional y dramática que vive hoy la economía española.  El informe realizado sugiere además la toma de 18 medidas que pueden ayudar a aliviar esta situación.

Entre las medidas propuestas está la de redenominar al cliente afectado como “deudor hipotecario de buena fé”, lo que conllevaría cambios en el marco jurídico que beneficiaría a este tipo de deudores.  Asimismo, también se solicita que se otorgue potestad a los jueces para conceder moratorias y conseguir así el aplazamiento en el pago de las cuotas en casos de desempleo, enfermedad o accidentes de trabajo.

En el informe también se solicita que la “dación en pago” se convierta en una norma regulatoria imperativa” en determinadas circunstancias, y que de esta forma la entrega de la vivieda cancele el crédito.  Los jueces solicitan, asimismo, un mayor protagonismo para los afectados, al tiempo que plantean la introducción de nuevos mecanismos que permitan que el deudor pueda continuar en su vivienda pagando un canon o a través de nuevas fórmulas como el arrendamiento o el leasing.

Otra de las solicitudes que realizan los jueces en el mencionado informe es la creación de comisiones mixtas que tendrían como objetivo la búsqueda de salidas negociadas entre el banco y el deudor.  En estas comisiones estarían presentes tanto los representantes de las entidades financieras como los representantes de los consumidores y los representantes de la administración pública.

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